La protección de los denunciantes de posibles casos de corrupción o cualquier otra práctica que socave el orden social, económico o medioambiental puede convertirse en el nuevo frente entre el poder ejecutivo en la UE, la Comisión y el Consejo, y el político representado en el Parlamento. Y es que el segundo ha pedido a los primeros que adopten «antes de que finalice 2017» una serie de medidas para amparar, y de forma indirecta promover, las actuaciones de esos ‘alertadores’ o ‘whistle-blowers’, como se les conoce en inglés. Pero en Bruselas no parecen tener muchas prisas al respecto e incluso quieren hacer cambios en el proyecto.

El Europarlamento adoptó esa resolución en octubre por una mayoría amplia de 399 votos, aunque sin consenso, de lo que se han aprovechado en el seno de la Comisión (CE) para pedir ahora más tiempo al implementar una directiva al respecto, o bien actualizar otra anterior. Es la normativa sobre ‘whistle-blowers’ (2015), aunque aquella estaba limitada a «infracciones o delitos sobre abuso de mercado».

Esa legislación comunitaria establecía un marco «adecuado» para estimular las denuncias y, a la vez, proteger al denunciante. En último término se instaba a los Estados miembros a habilitar los mecanismos legales necesarios para permitir esas delaciones, formar a personal para gestionarlas, publicitar los canales para materializar esos ‘chivatazos’ y desarrollar una protección eficaz para sus autores ante posibles represalias, discriminaciones o cualquier posible trato injusto hacia ellos, aunque también de los propios denunciados «para evitar daños a su reputación u otras consecuencias negativas».

Los Estados de la UE tenían hasta julio de 2016 para adaptar su normativa nacional a la europea en esa materia, pero varios no lo hicieron y tampoco dieron explicaciones. España está entre ellos y por eso la CE le advirtió hasta en tres ocasiones de las consecuencias. La última, el 13 de julio, fue para comunicarle que remitía el caso al Tribunal de Justicia europeo ante la recurrente falta de información y la presunción de que el Gobierno no haya trasladado todos los puntos de su directiva.

Distintos organismos sí han hecho los deberes a nivel particular. El que más ha avanzado es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que dispone de un buzón propio de denuncias justo desde finales de 2015, si bien la Agencia Tributaria es pionera al respecto (2012, con unos ingresos extra de 500 millones de euros por ello). La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) siguió sus pasos el año pasado, pero no permite las informaciones anónimas ni tampoco a través de su página web.

España, retrasada

El Gobierno, sin embargo, marcha con demora. En junio abrió la posibilidad, en el anteproyecto de la nueva Ley de Protección de Datos, a establecer canales específicos de denuncias en las empresas, tanto públicas como privadas, aunque no se concretaba mucho más y además dicha norma continúa en fase de tramitación. La que sí ha salido ya adelante es una proposición de ley de Ciudadanos «contra la corrupción y la protección del denunciante», pero se centra en los empleados públicos, prohíbe las actuaciones anónimas y limita los canales de alerta. Bruselas, por su parte, tiene su buzón propio para toda la UE sobre casos de competencia desleal desde marzo pasado, coincidiendo además con una consulta pública que lanzó sobre cómo proteger mejor a quienes revelen información sensible relativa a asuntos como «el lavado de dinero, el fraude y la corrupción».

«Los filtradores -sostiene la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová- pueden desempeñar un papel crucial en su persecución y tenemos que medir con cuidado cómo protegerles». Lo que busca ahora el Parlamento Europeo con su última iniciativa es ampliar esos objetivos, cosa que también persigue el G-20.

Lo primero es definir la figura del denunciante (o ‘soplón’), que irá más allá de empleados públicos y privados para extenderse a consultores, contratistas, sindicalistas, trabajadores en prácticas, voluntarios, estudiantes y, en general, quienes «tengan pruebas» de alguna ilegalidad o comportamiento «contrario al interés público», así como «motivos razonables para creer fidedigna la información». Esta puede abarcar desde casos de «corrupción, delitos penales, incumplimiento de obligaciones jurídicas, abuso de autoridad y conflicto de intereses» hasta «uso irregular de fondos públicos, elusión fiscal y flujos financieros ilícitos», pasando por «amenazas al medio ambiente, la salud, la seguridad y los datos personales».

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