Suponen la toma de postura final que cada comunidad va a defender en la negociación, en la que reclaman partidas millonarias, y se han realizado a partir del documento que entregaron los expertos designados por Hacienda y por las propias autonomías el pasado julio, si bien en muchos casos sostienen posturas contrarias a la que consensuaron los sabios.

Estas discrepancias con el informe de partida y las posturas enfrentadas en asuntos como la competencia fiscal y las quitas de la deuda auguran una negociación harto complicada, máxime cuando el Gobierno quiere consensuar toda la reforma con el PSOE.

Le obliga la aritmética parlamentaria -"sin el PSOE no hay reforma de la financiación", ha dicho Hacienda-, pero también la necesidad de que el nuevo sistema concite consensos, a diferencia del que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, de cuya votación, que salió adelante sólo por un voto, las autonomías del PP se abstuvieron, y del que todas las regiones, sin excepción, echan pestes.

En un intento de atraer al PSOE para que valide los Presupuestos de 2018 y ante la falta de representante de Cataluña, Hacienda decidió ligar la reforma de la financiación a las Cuentas, que se aprobarán ya entrado el año que viene, y dio largas a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se preveía para principios de diciembre, en el que se negociará el nuevo sistema. Pero la insistencia del PSOE parece haber acelerado el proceso.

En lo que sí hay consenso, aunque le pese a Hacienda, es en la necesidad de reformar el cálculo del Cupo vasco. Este asunto no estaba entre los puntos que el Gobierno había pedido a las comunidades que analizaran a la hora de redactar su informe final, pero todas lo abordan, algunas de forma encendida. El Ejecutivo acaba de pactar con el PNV y ha conseguido aprobar de forma exprés en el Congreso un Cupo todavía más mejorado, lo que ha soliviantado a todas las comunidades.

A pesar de que el Gobierno descarta que este asunto se trate en la reforma, las comunidades no piensan lo mismo. En ningún caso se trata de suprimir o modificar los términos constitucionales del concierto, insisten. En palabras de la comunidad vecina Cantabria: "Lo que ya no es conforme con la Constitución es que la diferencia entre el régimen foral y el común suponga una discriminación de las comunidades de régimen común y esta discriminación se produce cuando la financiación por habitante con que cuentan las Administraciones forales es muy superior. Este resultado no es consustancial al régimen foral, sino que se produce por una defectuosa aplicación práctica de este régimen".

 Ganadoras y perdedoras

Madrid, Valencia y Cataluña son las grandes ganadoras en la propuesta de los expertos (ver gráfico), que trata de corregir la infrafinanciación que sufren en el sistema vigente (ver gráfico adjunto). En financiación por habitante, Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid se sitúan más de 1.000 euros por debajo de la media, de 2.016 euros, y reciben menos de la mitad que País Vasco, una de las regiones con más PIB per cápita.

Cantabria, en línea con otras regiones, advierte a Hacienda: "Es necesario abordar esta cuestión en la reforma del sistema de financiación autonómica, dada la especial importancia que adquiere, no sólo por el clamor que ha despertado la aprobación del Cupo, sino por la repercusión que la evidencia genera como herramienta de competencia fiscal a la baja y conseguir un trato justo entre españoles en materia de tributos cedidos tradicionales".

De momento las comunidades no aluden explícitamente a su temor a que haya un trato diferenciado con Cataluña, si bien todas subrayan la necesidad de que el nuevo sistema sea equitativo y respete la ordinalidad, en lo que Madrid, por ejemplo, insiste. Castilla y León dedica varias páginas a alertar de que "el nuevo sistema debe ser el resultado de un consenso multilateral en el seno del CPFF, en el cual se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas, huyendo de cualquier tipo de negociación bilateral".

Todas las comunidades reclaman tener una mayor participación y más competencias tributarias. Algunas se decantan por que sea en el IRPF, cuyo porcentaje piden ampliar más allá del 50% vigente. Es el caso de Madrid, Galicia, Baleares. Otras no son partidarias de incrementar su capacidad sobre el Impuesto sobre la Renta y se inclinan por hacerlo en el IVA, y algunas también en los Impuestos Especiales. Piden aumentar su participación en el IVA Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana.

Estas dos últimas, hasta el 70%. En cambio, el IVA colegiado que proponen los expertos no concita entusiasmo y, de hecho, lo rechazan Andalucía, Galicia o Madrid. Se trata de un IVA con dos tramos, uno para las comunidades y otro para el Estado, para que el autonómico pueda ser elevado cuando las regiones lo necesiten.

El tira y afloja entre quienes abogan por la competencia fiscal y tipos bajos -Madrid, Galicia, Baleares- y quienes son partidarios de exigir tributaciones mínimas -Andalucía, Extremadura o Asturias- se augura tenso.

Máxime cuando las regiones que resultan perdedoras en el informe de los expertos, el caso de Extremadura, Asturias o Cantabria, van a vender cara su caída, mientras las perdedoras de ahora mismo, sobre todo, Madrid y Comunidad Valenciana, alegan una infrafinanciación que ya se ha extendido casi una década.

Entre las peticiones que han hecho Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía o Castilla y León, el Gobierno debería poner sobre la mesa más de 30.000 millones más que en el sistema vigente, mientras los expertos proponen un modelo neutro.

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