Transparencia Internacional (TI) señala directamente a la contratación pública como la gran fuente de corrupción e ineficiencia del gasto público en España. "Es un inmenso agujero negro", definió Jesús Sánchez Lambás, miembro del Comité Ejecutivo de la ONG, en la presentación www.contratospúblicostransparentes.es, una aplicación gratuita que permite la consulta y análisis de los contratos de todas las Administraciones y entidades públicas contenidos en la Plataforma de Contratación del sector público.
Las primeras conclusiones que permite extraer la app, desarrollada en colaboración con el Observatorio de la Contratación Pública, siembran serias sospechas sobre la limpieza de los procedimientos y la voluntad de transparencia de los poderes públicos.
Así, a pesar de que la ley obliga a publicar en la Plataforma toda la licitación pública, lo cierto es que en ella apenas aparece la documentación del 25 por ciento de los procedimientos. "Y no pasa nada, cuando esto exigiría una respuesta", apuntó José María Gimeno, catedrático de Derecho Administrativo y presidente del Observatorio. En todo caso, el portal cuenta con 50.000 contratos por valor de más de 40.000 millones de euros. Un número suficientemente amplio como para dotar de solidez a la lectura que se derive de su análisis.
En segundo lugar, llama la atención que al 40 por ciento de las licitaciones sólo se presenta un aspirante. "Esto solo puede deberse a que las grandes compañías tienen una red de empresas, a que estamos ante procedimientos diseñados a la carta para el licitador", analizó Gimeno. "Donde no hay competencia, hay ineficiencia. Y donde hay ineficiencia, se crean redes clientelares".
En este modelo, a su juicio, está el origen de procesos de corrupción como el caso Nóos, el caso Acuamed o los asuntos que salpican a la antigua Convèrgencia en Cataluña.
La contratación pública supone en España el 20 por ciento del PIB. La Comisión Europea ha cifrado en 13.000 millones de euros el coste anual de la corrupción en las ofertas y las licitaciones públicas; y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, por su parte, ha estimado que, cada año, el Estado pierde 47.000 millones por la ineficiencia.
TI y el Observatorio señalan tres grandes debilidades en el sistema español que resulta imprescindible corregir para acabar con la opacidad y la falta de control. En primer término, la dispersión de normas jurídicas que permite a todos los entes públicos que no tienen la consideración de Administración Pública contratar de acuerdo a sus propias normas -instrucciones internas, contratos de cuantía no armonizada, etc.-.
Seguidamente, apuntan a la ausencia de control efectivo sobre los contratos de menor cuantía -los de obra que sean inferiores a 5.225.000 euros o los de suministros o servicios inferiores a 135.000 cuando son del Estado o 209.000 euros para el resto de entidades-. "Estos supuestos se dejan al control administrativo", explicó Gimeno, "un control de legalidad que nunca se hace y se remite al contencioso".
Según el catedrático de Derecho Administrativo, en tales casos suele hacerse el siguiente "análisis coste": Se hace de forma irregular la licitación a la espera de que ésta sea impugnada, "y si dentro de cuatro o cinco años se anula, indemnizan y ya está".
La tercera causa apuntada es una publicidad que no genera concurrencia.
Ambas organizaciones también manifestaron su decepción el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, en fase de tramitación parlamentaria. Hace unas semanas TI remitió a todos los partidos un paquete de 15 enmiendas al texto, reclamando, entre otros cambios, la extensión del recurso especial, sancionar con la nulidad del procedimiento la obligación de publicarlo en la Plataforma de Contratos o uniformizar las normas. De todo ello, explican, sólo se ha admitido la supresión del procedimiento negociado sin publicidad por la cuantía.
Artículo publicado en:
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8219570/03/17/A-cuatro-de-cada-diez-licitaciones-solo-se-presenta-un-aspirante.html
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