El vacío legal actual provoca que no haya una ordenación de los recursos públicos relacionados con el transporte, lo que hace que las administraciones gasten 300 millones de euros de más.
La deuda comercial que las comunidades autónomas mantienen con sus proveedores cayó a mínimos en diciembre de 2015.
Declara inconstitucionales aspectos relacionados con la atención primaria o el sistema de compensación financiera, entre otros.
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